La Prensa 24/08/2023
Mientras los voceros de la dictadura de Daniel Ortega intentan disfrazar la reciente confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) —propiedad de la congregación de sacerdotes jesuitas— como una medida en beneficio de la población más pobre, representantes del sector empresarial consideran que acabó con la mínima seguridad jurídica que requiere cualquier inversión nacional o extrajera.
Además, advierten que dicha confiscación está obligando a varios inversionistas a valorar la viabilidad de mantenerse en el país y los que aún no llegan a considerar que no ofrece la estabilidad necesaria para invertir en él.
“Pésimas señales. Ya el Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció y sé de algunos (empresarios) que están reconsiderando sus inversiones en el país”, aseguró uno de los pocos dirigentes empresariales que aún se arriesgan a brindar declaraciones. Sin embargo, lo hace bajo condición de anonimato, porque el temor no solo es a las confiscaciones sino también al encarcelamiento
Confiscaciones son extensión de la represión
La vicegobernante y vocera oficial Rosario Murillo aseguró que el objetivo y meta de la universidad, que funcionará en la recién confiscada UCA, será igual que el de todas las universidades públicas que es “brindar la mejor educación al menor costo posible para las familias, para los padres de familia, para los estudiantes que estamos seguros, van a continuar desarrollando sus propósitos y metas en educación”.
El régimen de Daniel Ortega arreció este miércoles sus confiscaciones, que empezó desde el 2018, con la cancelación de la personería jurídica a la Compañía de Jesús, a la que, además de robarle las instalaciones de la Universidad Centroamericana, también ordenó quitarle y pasar al Estado todos sus bienes, que incluye colegios de prestigio en Nicaragua.
Economistas y empresarios locales aseguran que las confiscaciones están vinculadas al conflicto político que estalló en 2018 y son una extensión de la represión gubernamental con la que respondió el Estado y sofocó la crisis política.
Están vinculadas al conflicto político
“Lo que se ve en las confiscaciones es que las mismas están más vinculadas al conflicto político que Nicaragua viene viviendo desde la tragedia del 2018, cuando se dio un uso desmedido de la fuerza por parte del Estado contra jóvenes en protesta. Fuerzas políticas de todo tipo se desataron, algunas que también respondieron con violencia, y en medio de todo se terminó demandando un cambio ante el cual el régimen se ha sentido amenazado de forma fundamental”, dice un economista que por temor a represalias solicita anonimato.
Según el economista, estas circunstancias han creado una situación muy compleja, ya que la vocación no democrática del régimen lo ha llevado a resolver la crisis aniquilando a toda fuerza que considere le puede representar amenaza; y eso incluye minar la base económica en que se puedan sustentar las amenazas que percibe.
“Esto lo ven los inversionistas y posiblemente el país no se valore como un país estable, sino que se piensa que hay incertidumbre sobre el futuro de forma un tanto generalizada. De hecho la inversión privada está deprimida, con respecto a su desempeño histórico. Alrededor de 10 puntos del PIB es inversión que no se está dando en el país con respecto a la historia pasada de los últimos años. Desde el 2018 esta tendencia persiste”, señala el economista.
Polarización destruye clima de inversión
Además, el economista explica que a Nicaragua no está llegando Inversión Extranjera Directa (IED) como inyección de capital fresco. Lo que se está registrando es únicamente reinversión de las utilidades. Es decir, que las grandes empresas no están abandonando el país, sino expandiéndose, quizás alentados por las perspectivas de crecimiento futuro, ya que los precios internacionales de los productos que Nicaragua exporta están altos, entonces, aunque en menor medida, pero la economía está creciendo a partir de la dinámica exportadora.
Además, aunque los precios internacionales comenzaron a estabilizarse eso se ha compensado por un incremento récord de las remesas.
“Así que las perspectivas son de que el crecimiento se puede mantener, aunque por debajo de su potencial natural, pero crecimiento a fin de cuentas. El país tiene el reto de crecer más y atraer nuevamente más inversión, y en este sentido, la continuación de la polarización política no ayuda al ambiente que la inversión requiere y es algo en lo que se debería de trabajar y todas las partes en conflicto deberían contribuir a reconstruir la estabilidad que el país requiere”, afirma el economista.
Las cifras oficiales de IED
De hecho, a principios del año el Banco Central de Nicaragua (BCN) informó que durante el 2022 la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó la cifra más alta de la historia, con 1,842.3 millones de dólares en ingresos brutos. La cifra es mayor en casi cuatrocientos millones con respecto a los 1,470.1 millones captados en 2021. El máximo emisor bancario también explicó que casi la mitad de la IED registrada el año pasado fue reinversión de utilidades de las empresas.
Sin embargo, en el primer trimestre del 2023 el BCN reportó un menor dinamismo de la IED, ya que entre enero y marzo solo se registraron 379.9 millones de dólares en ingresos netos de IED, monto inferior en relación con los 581.3 millones de dólares captados en el primer trimestre de 2022.
Este enfriamiento de la llegada de IED registrado en el primer trimestre del año podría agudizarse, ya que la reciente confiscación de la UCA, sumada a la del empresario Piero Coen y su esposa Jaffa Coen en junio pasado, agudizaron el deterioro del clima de negocios y la seguridad jurídica.
Construcción está deprimida
Y pese a que el régimen divulga cifras aún elevadas en inversión extranjera, lo cierto es que lleva meses sin conocerse públicamente sobre inauguración de obras de inversión privada de gran envergadura y muestra de ello es que los indicadores de construcción privada están deprimidos.
Según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), en el primer trimestre de 2023, los resultados de la Encuesta de la Construcción Privada arrojaron que el área efectivamente construida registró disminuciones de 15.4 por ciento en términos interanuales, y de 13.9 por ciento en promedio anual.
Además el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) apenas ha conseguido afiliar a 101 trabajadores en un año, lo que muestra que los niveles de inversión que reflejan las cifras oficiales no están en correspondencia con el mercado del trabajo.
No existe seguridad jurídica
Pese a ello, el Gobierno sigue apostando por la inversión extranjera como uno de sus motores de crecimiento económico. “Las estadísticas de inversión extranjera muestran también un resultado positivo; el año pasado 1,800 millones, este año podrían ser unos 1,600 millones de dólares en inversión extranjera”, estimó la semana pasada el presidente del Banco Central y operador económico de la dictadura, Ovidio Reyes.
“El principal problema que tiene ahora Nicaragua es la inseguridad jurídica que ya lo venía acarreando desde hace rato, pero ahora es mucho más marcado, porque ya no hay nadie que pueda decir que predice el futuro basado en leyes. Ahora es en el temperamento no solamente de Daniel Ortega y Rosario Murillo el que define el futuro de cualquier inversión, sino también cualquier sandinista que se le ocurra hacer una denuncia”, advierte el abogado y exdiputado Eliseo Núñez.
Núñez explica que la población está viviendo en un estado judicial tan precario que si a cualquier sandinista le gusta un negocio va y pone una denuncia alegando que el propietario apoya a la oposición y eso puede ser motivo de despojo.
“Te pueden quitar todo”
“Te pueden quitar todo y simplemente perdés todo, porque ahora el derecho de propiedad está sujeto a asuntos que no son ni siquiera de índole político, sino que sin ninguna justificación perdés todo. Esa es la situación en la que está ahora la inversión en Nicaragua, ahora lo que impera es el latrocinio total”, señala Núñez.
El régimen de Ortega empeora las perspectivas al mantener una férrea persecución fiscal contra la empresa privada, lo que encarece el costo de producir en Nicaragua, que no es competitiva en los mercados internacionales. De hecho, The Economist Intelligence Unit (EIU), de la prestigiosa editorial británica The Economist, advirtió en su reporte de junio pasado: “Esperamos que el Estado apunte a los opositores del régimen a través de un intervencionismo ad hoc, principalmente en las áreas de aplicación fiscal y regulatoria”.
Además describió el entorno actual y futuro de la economía de Nicaragua como “un entorno empresarial deficiente, un conflicto político persistente y un acceso limitado a la financiación del sector privado que pesan sobre las perspectivas de crecimiento a largo plazo del país”.
Los especialistas británicos consideran que este año la expansión del Producto Interno Bruto se enfriará, “debido a las tasas de interés más altas, un clima de inversión deficiente, el bajo crecimiento del crédito y la disminución de los salarios reales, aunque un aumento en las remesas de los trabajadores será el motor más importante del crecimiento”.
