La Prensa 24/01/2024
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, entre 2021 y 2023 aprobó 33 nuevas concesiones mineras en Nicaragua, de las cuales 17 ya fueron otorgadas y las otras 16 aún están en proceso, denunció el ambientalista y presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz.
En esa misma línea, Ruiz indicó que hubo un aumento de 66 por ciento del área concesionada, pasando de 923,681 en 2021 a 1,804,362 hectáreas en 2023; y a su vez, denunció que hubo un incremento en el área de reserva minera de 5 mil hectáreas.
Ruiz explicó al Diario LA PRENSA que analizaron información que lograron obtener hasta diciembre de 2023. “Vemos un aumento en el área de concesiones o en el área concesionaria por parte del régimen Ortega-Murillo, es un aumento de 66 por ciento, hemos visto el aumento en el área de reserva minera. También hemos visto una disminución en la cantidad de concesiones, lo que muestra es que ha habido un ordenamiento y consolidación de concesiones mineras en menos actores”, apuntó.
Lo anterior, según Ruiz, es porque le cancelan las concesiones aprobadas a empresas que trabajan fuera del país. “Ahora lo que hacen es cancelarlas, para luego entregar nuevas concesiones a otros actores o empresas en la misma área donde se define que han encontrado el material minero, principalmente oro”.
Dos nuevas empresas
A su vez, el estudio presentado por el presidente de la Fundación del Río en un conversatorio con la Fundación Arias para la Paz, en Costa Rica, reveló que hay dos nuevas empresas con los nombres de Zhong Fu Development SA (Zhong Fu, SA) y Nicaragua XinXin Linze Minería Group SA.
Sobre estas empresas Ruiz precisó que “en la base de datos que tuvimos acceso nos dimos cuenta que estas dos empresas son asiáticas, vinculadas a empresas chinas, ambas han solicitado entre 2022 y 2023 concesiones mineras y algunas de estas han sido públicas y la mayoría se encuentran otorgadas”.
Apuntó que el área concesionada ha aumentado significativamente, lo que genera “graves preocupaciones por la continuidad de los impactos sociales ambientales que produce la minería, además por la falta de beligerancia de los Ortega-Murillo por reducir los impactos”.
Como ejemplo, citó que luego del derrame de cianuro en la empresa industrial Hemco, “a pesar de que se comprometió a presentar el estudio del impacto del derrame del cianuro no hubo un informe final del proceso, ni fue publicado por la empresa, tampoco hubo proceso administrativo para que pagara los daños ambientales”.
A su vez indicó que han identificado que la minería se está desarrollando en al menos 38 municipios del país, donde laboran más de 40 mil personas, con más de 1,622 beneficios mineros rústicos.
“Desde el punto de vista comercial el oro ya va a representar más de 1,000 millones dólares, lo que generó la actividad en 2023”, concluyó.
“Desde el punto de vista comercial el oro ya va a representar más de 1,000 millones dólares, lo que generó la actividad en 2023”, concluyó.
