La Prensa 16/04/2024
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos (EE.UU.) aprobó este martes 16 de abril una nueva ley de “reautorización” de la Nica Act y de la Renacer Act, ambas creadas para castigar al régimen de Daniel Ortega por cometer violaciones de derechos humanos e incumplir con los principios democráticos.
El proyecto de ley, denominado Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua, es promovido por el senador republicano Marco Rubio y el senador demócrata Timothy Kaine. Tras su aprobación en el Comité de Relaciones Exteriores, ahora solo falta la aprobación en pleno del Senado.
Esta nueva ley tiene como propósito volver a autorizar, enmendar y extender la vigencia de la Ley de Condicionalidad de Inversiones en Nicaragua de 2018 (Nica Act) y también de la Ley de Reforzamiento de la Adhesión de Nicaragua a Condiciones para la Reforma Electoral de 2021 (Renacer Act), para que funcionen como una nueva herramienta de presión política contra la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
El opositor nicaragüense, ex preso político y presidente de la Fundación para la Libertad, Félix Maradiaga, comentó a LA PRENSA que este nuevo marco legal incrementará nuevas sanciones al régimen sandinista en Nicaragua, particularmente a los sectores económicos e industrias que generan beneficios económicos para la familia Ortega y sus allegados, “es decir, golpea la billetera del régimen”.
Además, esta legislación establece nuevas sanciones por el apoyo de Ortega a la invasión ilegal de Rusia a Ucrania, así como por la persecución a la Iglesia católica y por tener presos políticos.
Maradiaga también dijo que la nueva legislación “hace eco de las preocupaciones y denuncias que diversas organizaciones de oposicion, entre ellas Fundación Libertad, han elevado al Senado”.
Nica Act
La Ley de Condicionalidad de Inversiones en Nicaragua de 2018 (Nica Act) fue la primera ley de sanciones aprobada por Estados Unidos en 2018, dirigida a los colaboradores de la dictadura de Daniel Ortega, tras la represión armada contra las protestas civiles que iniciaron en abril de ese año. La represión de la Policía y civiles armados, simpatizantes de Ortega, dejó más de 300 muertos en 2018, según informes de organismos internacionales de defensa de derechos humanos.
La Nica Act propone la designación de sanciones a colaboradores de la dictadura de Ortega, que consisten en bloqueo de activos, prohibición de transacciones bajo la jurisdicción de Estados Unidos, propiedades o intereses en una propiedad, negación o revocación de visas, y penalidades económicas. La Nica Act venció el plazo de su aplicación el 31 de diciembre de 2023, sin embargo, desde 2022 ha habido gestiones para renovarla hasta 2028.
Renacer Act
Mientras que la Ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (Renacer Act, por sus siglas en inglés), fue aprobada en 2021, durante la Administración actual de Joe Biden, con el objetivo de proponer nuevas iniciativas para monitorear, informar y abordar la corrupción del régimen de Ortega y la de su familia, así como los abusos contra los Derechos Humanos cometidos por las fuerzas de seguridad nicaragüenses.
La Renacer Act además urge a que el Gobierno de Estados Unidos examine la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (Cafta, por sus siglas en inglés). Esta ley también requiere un incremento en los informes de inteligencia sobre las actividades de Rusia en el país centroamericano, incluyendo las ventas de armas que pudieran ser sancionables bajo la Ley de Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos a través de Sanciones (Caatsa, por sus siglas en inglés).
