La Prensa 12/06/2024
Las restricciones de financiamiento que los organismos internacionales le impusieron a Nicaragua, en respuesta a las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que cometió Daniel Ortega para frenar la rebelión social que estalló en 2018, habrían terminado también impactando al sector privado que el año pasado solo tuvo acceso al 4.8 por ciento de los más de 813 millones de dólares que el país recibió en préstamos y donaciones. Esta falta de acceso al financiamiento externo en el futuro podría frenar el desarrollo de nuevas inversiones.
Según dirigentes empresariales, la reducción la provocó principalmente la decisión del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que se convirtió en el principal financiador externo de la dictadura, pero no trabajó con el sector privado.
Consideran que ante las circunstancias actuales, la merma de recursos dirigidos al sector privado también puede estar relacionada con la falta de apetito de crédito, especialmente por parte de la banca. Pero también, al cese de operaciones de cerca de cuatro mil organizaciones no gubernamentales (ONG), a las que en los últimos años el régimen Ortega Murillo les canceló la personería jurídica, ya que muchas de ellas accedían principalmente a donaciones externas.
Según el Informe de Cooperación Oficial Externa 2023 que publicó recientemente el Banco Central de Nicaragua (BCN), el año pasado entraron al país 813.7 millones de dólares en concepto de cooperación externa; el monto es menor en 144 millones de dólares con respecto a los 958.3 millones recibidos en 2022.
Los préstamos y donaciones
En 2023 el sector público se quedó con 95.20 dólares de cada cien dólares, que equivalen a 774.6 millones del total; mientras el sector privado solo recibió 4.80 dólares de cada cien, equivalentes a 39.1 millones. Este monto representa una caída del 83 por ciento en relación con los 235 millones de dólares que obtuvo durante el 2022.
Según el informe del BCN, 90 de cada cien dólares que entraron al país durante el 2023 en concepto de cooperación externa, se canalizaron a través de préstamos, cuyos desembolsos totalizaron 734.2 millones de dólares; y solo 10 de cada cien, equivalentes a 79.5 millones, se entregaron como donaciones. La mayor parte de las donaciones, 73.40 millones de dólares, también la recibió el sector público, mientras que al sector privado solo le entregaron 6.10 millones de dólares.
En el caso de las donaciones, la cifra del año pasado es la más baja desde 2019, cuando tras el estallido de la crisis sociopolítica prácticamente todos los donantes se retiraron, en repudio a la represión y crímenes de lesa humanidad que Ortega cometió para frenar las protestas sociales. El año previo al estallido social, es decir en 2017, el país recibió 237.20 millones de dólares en donaciones y desde entonces el monto no ha recuperado esos niveles.
La situación de los préstamos es distinta, ya que el monto conseguido el año pasado es similar al de 2017, aunque los préstamos crecieron mucho entre 2019 y 2021. La diferencia es que ahora prácticamente el total está dirigido al sector público y antes la proporción era similar en ambos sectores.
El BCIE no trabajó con el sector privado
El informe del BCN también confirma que la principal fuente de estos recursos fue el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que otorgó 68 de cada cien dólares que llegaron, es decir, 549.2 millones de los 813.7 millones que el país consiguió en préstamos y donaciones. El resto del monto lo aportaron: Banco Mundial 47.7 millones, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 46.6 millones, Banco Europeo de Inversiones (BEI) 29.3 millones, Unión Europea (UE) 26.8 millones y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) 22.9 millones de dólares, entre otros.
Según un analista financiero, que por temor a represalias pide no divulgar su nombre, tradicionalmente el “grueso de los recursos que recibía el sector privado, tanto en préstamos como en donaciones”, era para el Sistema Financiero, que al parecer no buscó financiamiento externo el año pasado; y montos menores para otros sectores. “Parece que hay un desarrollo de doble vía, los bancos están líquidos, sus depósitos han crecido aceleradamente. Y por otro lado, puede que no exista el mismo entusiasmo de prestar o donar a Nicaragua”, dice el analista.
Por su parte, un dirigente empresarial, que también teme represalias y pide no identificarlo, explica que una de las razones de esta merma de recursos al sector privado es porque el BCIE se enfocó en oxigenar financieramente a la dictadura y no trabajó con el sector privado.
“Otro factor que incide es que los organismos que le prestaban dinero al sector empresarial eran las ventanillas del sector privado del BID y del Banco Mundial y ambos organismos cerraron sus flujos para Nicaragua, y los pequeños montos que están entregando son únicamente de fondos de emergencia para atender necesidades básicas”, explica el dirigente empresarial.
Efecto de la suspensión de la cooperación
El dirigente empresarial añade que incluso la Corporación Andina de Fomento (CAF), que funciona como un Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, ya entró a Centroamérica, pero no ha querido incluir a Nicaragua entre sus beneficiarios.
Además, admite que la decisión de estos y otros financiadores externos de suspender los flujos a Nicaragua afecta al sector privado. Pero considera que así tiene que ser, ya que al facilitar recursos a los privados indirectamente se oxigena a la dictadura, ya que las empresas pagan impuestos y generan empleos que dinamizan la economía.
El analista financiero considera que también se debe tener en cuenta que gran parte del financiamiento y donaciones que el país recibía venía de países europeos con los que Nicaragua ahora no mantiene buenas relaciones, por lo que no se descarta que esto incida en la entrega de recursos, especialmente donaciones.
Nicaragua enfrenta la posible suspensión de la aprobación de nuevos créditos por parte del BCIE, ya que según su nueva directora Gisela Sánchez, el país agotó el porcentaje de los recursos a los que tiene derecho. De concretarse esta decisión, el país quedaría sin su principal financiador.
Afectará la inversión del sector privado
Para el dirigente empresarial, la falta de financiamiento provocará consecuencias tanto para el sector público como el privado. Porque a pesar de que la dictadura dice que conseguirá recursos con los chinos eso no es seguro. Además, al sector privado no le interesa acceder a este tipo de fondos y la carencia de estos incidirá en las inversiones.
“Definitivamente habrá una afectación en la toma de decisión de inversiones, porque al no poder acceder a financiamiento con condiciones más favorables, será muy difícil ver (a los inversionistas) tocar las puertas de financiamiento con intereses altos en un país donde el riesgo político país es alto. Esto lo que va a significar es que no habrá mayor inversión nueva del sector privado y esto tendrá, por supuesto, un impacto en la generación de empleo que ha sido un sostén de las inversiones que llegaron en los últimos años”, advierte el dirigente empresarial.
Para el analista financiero este panorama deja en evidencia “la necesidad de normalizar la situación del país, pero también la relación con países que pudieran seguir colaborando con Nicaragua, siempre y cuando se tenga un buen ambiente de hacer negocios, pero actualmente ellos consideran que actualmente no es el mejor”.
El Ministerio del Interior (Mint) de la dictadura de Daniel Ortega este martes 11 de junio canceló 11 organizaciones sin fines de lucro (OSFL/ONG), entre estas el Instituto Tecnológico Victoria, que estaba autorizado para funcionar como institución de educación superior por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) desde 2013.
Como ya es habitual, el Mint alega que el Instituto Victoria y las otras ONG canceladas han incumplido con las leyes que las regulan, porque “no reportaron por períodos de entre uno y hasta 31 años sus estados financieros conforme períodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanzas de comprobación, detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final), y junta directiva”, según el Acuerdo Ministerial 28-2024-OSFL, publicado en el diario oficial La Gaceta.
El Instituto Tecnológico Victoria tenía personalidad jurídica desde 2016. El Acuerdo Ministerial establece específicamente que su personalidad jurídica fue cancelada “por obstaculizar el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y control de OSFL, ya que existen inconsistencias en los saldos de los estados financieros y no reportó donaciones, no está promoviendo políticas de transparencia en la administración de los fondos”.
¿Cuál era su razón social?
En su sitio web, el Instituto Tecnológico Victoria se define como “una institución de educación superior, sin fines de lucro, que nace con el propósito de cubrir parte de las necesidades de formación profesional en el nivel técnico superior, y se constituye en una de las mejores opciones para jóvenes talentosos que desean cursar una carrera corta, de alto impacto y con altos índices de empleabilidad”.
“Sus programas de formación estaban orientados a que sus estudiantes alcancen la excelencia profesional y fortalezcan su compromiso ético, social y ambiental a través de una formación integral que descansa en la vivencia de valores”.
“El Instituto Tecnológico Victoria (ITV) fue autorizado para funcionar como institución de educación superior por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) mediante Resolución No. 08-2013, del 3 de octubre de 2013”, se lee en la historia del Instituto.
En diciembre de 2023, la dictadura también canceló la personalidad jurídica de la Fundación Victoria “por disolución voluntaria de miembros”. La Fundación Victoria otorgaba becas de estudio a jóvenes de escasos recursos, de entre 16 y 24 años de edad, para estudiar carreras técnicas de nivel medio y superior, en conjunto con el Instituto Tecnológico Victoria.
La dictadura de Ortega ha cancelado más de 30 universidades en los últimos años, entre estas la Universidad Centroamericana (UCA), una de las más importantes del país.
Otras ONG canceladas
Las otras 10 ONG canceladas estes martes son:
2- Fundación para la Promoción del Consumo Responsable y Estilos de Vida Sanos.
3- Fundación Hedwig y Robert Samuel.
4- Asociación sin Fines de Lucro Germán Rodríguez.
5- Fundación de Familias en Apoyo a Personas con el Trastorno del Espectro Autista (Azul Esperanza).
6- Asociación Departamental de Canotaje León.
7- Asociación de Ganaderos de Villa Sandino.
8- Asociación Departamental de Tiro con Arco Managua.
9- Asociación Ministerio Evangelístico Luz a los Pueblos.
10- Asociación Diriomeña de Deportes.
11- Cámara de Productores de Musáceas del Sur.
Cancelaciones por “disolución voluntaria”
El Ministerio del Interior también concretó cuatro cancelaciones por “disolución voluntaria de miembros”:
1- Asociación para el Desarrollo Campesino y Artesanos El Bonete.
2- Fundación San Antonio de Monte Tabor.
3- Fundación Alas de Vida.
4- Asociación Comunidad Cristiana para el Desarrollo de Nicaragua.
Desde 2018 han sido canceladas más de 3,500 ONG, según el conteo de organizaciones nicaragüenses que trabajan en el exilio.
Las cancelaciones comenzaron con nueve ONG en 2018, en medio de la represión armada contra las protestas civiles. Estas primeras ONG canceladas eran representadas por opositores y/o críticos del régimen de Daniel Ortega.
