La Prensa 22/07/2024
Mientras se espera el fallo del juicio en que la empresa Riverside Coffee LLC., invocando el DR-Cafta le exige una indemnización de hasta 700 millones de dólares, por daños que paramilitares vinculados al partido oficial, provocaron en 2018 en la Hacienda Santa Fe en Jinotega, en su informe el Clima de Inversión 2024, Estados Unidos advierte que en Nicaragua el mecanismo de solución de controversias no es viable para hacer cumplir las obligaciones del DR-Cafta; y que el cumplimiento de las leyes relacionadas a la inversión extranjera están sujetas a la corrupción y a la represión política.
El informe divulgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, también advierte sobre el irrespeto a los derechos de propiedad intelectual, la piratería y las violaciones de las marcas registradas.
El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos conocido como DR-Cafta, incluye un mecanismo de solución de controversias entre los inversionistas y los Estados. Por tanto, si un inversionista considera que el Estado ha incumplido una obligación o un acuerdo de inversión, puede solicitar un arbitraje internacional vinculante, contemplado en el acuerdo.
Nicaragua como miembro de ese tratado tiene derecho a usar este mecanismo, pero según el informe en por el contexto del país, no es efectivo. “Las empresas que operan en Nicaragua afirman que el mecanismo de solución de controversias entre los inversionistas y el Estado no es un medio viable para hacer cumplir las obligaciones del DR-Cafta, debido al alto costo y la probabilidad de represalias por parte de las autoridades nicaragüenses”, dice el informe el documento.
DR-Cafta contempla solución de controversias
La controversias entre los inversionistas y los Estados miembros del DR-Cafta se resuelven en el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial (BM), donde actualmente la empresa estadounidense Riverside Coffee LLC. espera un fallo sobre la demanda que interpuso en 2021 contra el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific).
Riverside invocó el DR-Cafta para exigir entre 200 y 700 millones de dólares en compensación por los daños que en 2018, un grupo de paramilitares vinculados a Edwin Castro, diputado y representante legal del Frente Sandinista, provocaron en plantaciones de aguacates, bosques de madera preciosa y otras instalaciones de la Hacienda Santa Fe, ubicada en Jinotega. Propiedad que a la fecha los propietarios no han recuperado, porque las autoridades le impusieron un recurso judicial y nombraron al Estado de Nicaragua depositario del bien.
Entre el 8 y el 11 de julio el tribunal realizó las audiencias públicas y la defensa de Nicaragua, ante la falta de argumentos para negar el daño provocado por los paramilitares se enfocaron en acusar a la empresa de incumplir una serie de normativas ambientales. Además, pusieron en duda la capacidad de la empresa para tener una inversión del nivel que reclama. Aunque Nicaragua participó en el juicio, dirigentes empresariales consideran que de perder la demanda es poco probable que acate el fallo y pague la indemnización.
Marco legal no asegura respeto
Ese escepticismo lo comparte el informe del Clima de Inversión 2024 de Estados Unidos, ya que asegura que todas las disposiciones del DR-Cafta están “plenamente incorporadas al sistema regulatorio de Nicaragua”; pero estas no se cumplen, ya que “las autoridades violan con regularidad las normas nacionales”. Según el documento, los empresarios denuncian que los procedimientos aduaneros y de otro tipo no cumplen con las obligaciones de Nicaragua en virtud del DR-Cafta.
El informe de Estados Unidos admite que el capitulo de inversiones del acuerdo comercial establece un marco legal seguro y predecible para los estadounidenses que invierten en Centroamérica y República Dominicana.
Este marco legal establece seis protecciones básicas que son: trato no discriminatorio en relación a los inversionistas locales; límites para los requisitos de desempeño; libre transferencia de fondos relacionados con las inversiones; protección contra la expropiación que no sea de conformidad con el derecho internacional; estándar mínimo de trato de conformidad con el derecho internacional; y capacidad de contratar personal gerencial clave sin importar la nacionalidad. Y en el caso de Nicaragua, el país tiene a tiene leyes relacionadas con la inversión extranjera.
También violan propiedad intelectual
Sin embargo, nada de esto garantiza seguridad a los inversionistas, ya que según el informe de Estados Unidos, la “implementación, cumplimiento e interpretación” de todas estas protecciones legales, “están sujetas a la corrupción y la presión política”.
Según el informe Nicaragua también incumple compromisos relacionados a los derechos de propiedad intelectual (DPI). “La aplicación de la ley de DPI es limitada. La violación de derechos y el robo –en particular la piratería de medios y las violaciones de marcas registradas– son comunes”, dice el informe.
Y añade que “Estados Unidos ha expresado su preocupación por la implementación de las obligaciones de Nicaragua en materia de patentes en virtud del DR-Cafta, incluyendo: el mecanismo a través del cual los propietarios de patentes reciben notificación de las presentaciones de terceros; cómo el público puede acceder a las listas de patentes protegidas; y el tratamiento de los datos de prueba no divulgados”.
Además, el informe critica que las autoridades nicaragüenses no informan públicamente sobre las incautaciones de productos falsificados que realiza.
