La Prensa 19/08/2024
Mientras crecen los temores de despidos masivos entre los empleados públicos y las denuncias del desmantelamiento de los feudos que el diputado y presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras mantenía en el Minsa y el Mefcca, salió a la luz que además de desempleo, la compactación estatal que promueve el régimen Ortega Murillo, para “ahorrar recursos” está limitando algunos beneficios a la población, entre ellos el acceso a medicamentos y algunos servicios médicos, que según denuncias de trabajadores del sector, desde hace varios meses escasearon en los centros de atención.
Aunque el fin de semana incluso la amplia lista de asesores presidenciales se redujo a 17 y el régimen insiste en que la medida busca optimizar recursos y ahorra, los entrevistados aseguran que todavía no se puede asegurar que hay despidos masivos, porque en cada dependencia, con “planilla y expedientes en mano”, están entrevistando a cada trabajador para determinar quién se queda y quién se va; y lo mismo harán con las dependencias, solo quedarán las que son funcionales.
“Al paso que vamos pronto vamos a volver a los tiempos que ellos (los sandinistas) tanto criticaron, cuando hasta las jeringas se les pedían a los pacientes, porque las entregan con tantos controles y es tanta la burocracia que se debe cumplir para justificar el uso de una jeringa que a veces es más fácil pedirle al familiar del paciente que vaya a una farmacia y la compre”, asegura un trabajador del Ministerio de Salud (Minsa) que por temor a represalias pide no mencionar su nombre.
Compactación impulsa a renunciar
El trabajador de añade que si algo tan básico y barato como una jeringa es tan difícil conseguirlo en un hospital, la población puede imaginar como están las cosas con los medicamentos y los insumos médicos caros. “Esos ya no se ven en los hospitales y menos en los centros de salud, donde hasta la insulina, indispensable para atenden una emergencia médica de un diabético se ha vuelto un lujo”, lamenta el trabajador de la salud.
Por su parte, un médico especialista coincide con el trabajador hospitalario, en que los usuarios de los servicios de salud también “pagaran los plantos rotos” de la compactación estatal por el creciente descenso del abastecimiento de los centros de atención, y la calidad de los profesionales que brindan los servicios.
Confirma que la falta de recursos para atender apropiadamente a la población, sumado a las presiones políticas, el maltrato de parte de los altos mandos y los bajos salarios, “han empujado a mucho personal de salud ha abandonar los servicios” antes que los corran, especialmente a los más calificados que se van, para buscar oportunidades en el sector privado o para migrar. Además, al renunciar garantizan la liquidación que perderán si los despiden.
No hay personal para todos los servicios
La entrada en vigencia del parole humanitario que permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos durante dos años; la reforma al marco legal que redujo considerablemente el monto de las liquidaciones a los empleados públicos que renuncian, y lo eliminó para los que despiden; y el fallido intento de cobrarle a los médicos los estudios de especialización, empujaron a muchos médicos especialistas y otro personal especializado a abandonar los hospitales públicos.
“El nuevo súper Hospital de León no tiene personal para cubrir todos los servicios. En los hospitales de Managua que son de referencia nacional, y en los departamentales, hay turnos extraordinarios que causan burnout (síndrome de desgaste profesional) y desmotivan al personal, pues no hay reconocimiento, solamente presión, presión y amenazas”, asegura el especialista.
Además, explica que muchos de los que no renuncian es porque se envejecieron, pero no se jubilan porque la pensión no da para vivir y la liquidación es incierta. El Presupuesto asignado al sector salud ayuda a entender mejor lo que está pasando con los servicios de salud”, asegura el médico especialista.
Presupuesto de 2024 es menor al de 2021
Efectivamente, según registros del Presupuesto General de la República, el crecimiento del presupuesto ha beneficiado la inversión en infraestructura, es decir la construcción de varios hospitales y centros de salud.
Sin embargo, el gasto corriente que incluye los salarios, pero también la ejecución de proyectos destinados a la promoción de la salud, prevención de enfermedades, la atención en el primer nivel (centros y puestos de salud) y la atención hospitalaria, no ha crecido en la misma medida.
Después del gran salto que dio en 2021, es decir en plena pandemia cuando pasó de 14,470 millones de córdobas en 2020 a 19,995 millones en 2021 volvió a retroceder. De hecho los 18.738 millones de córdobas que el Presupuesto le destinó al gasto corriente del Minsa en 2024, es menor en 6 por ciento en relación a los 19,995 millones que le asignó en 2019; y en general todo el presupuesto de este año es menor que el de 2021.
Según el especialista esto ocurre porque desde su primer gobierno en los años 80 “la apuesta del sandinismo ha estado enfocada en promover la Atención Primaria en Salud (APS)”, que privilegiado la formación de auxiliares de enfermería que se han tomado los centros asistenciales y debilitado la formación de licenciadas en enfermería.
Compactación desmantela feudos de Gustavo Porras
Al final, lo que han logrado es fortalecer los sindicatos y debilitar los gremios, hasta desaparecer las asociaciones médicas y perseguir a sus dirigentes más conocidos. Esto a criterio del especialista incide de gran manera en la calidad de la atención médica que se brinda a la población y que ahora también se ve afectada por la falta de insumos y medicamentos.
Con respecto a los despidos, tanto el médico especialista como el trabajador hospitalario aseguran que todavía no se puede hablar de despidos masivos, porque la revisión se está haciendo desde los niveles más bajos hasta llegar a las estructuras de mando de las instituciones. Además, “no hay acceso a la información sobre personal de salud contratado, ni al Presupuesto para identificar el personal y así dilucidar quiénes y cuántos tenemos”, dice el trabajador hospitalario.
También asegura que de momento lo único que se sabe es que tal como ocurrió en el Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa (Mefcca), donde desmantelaron lo que se consideraba el feudo que el diputado y sindicalista presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, mantenía en ese ministerio, ahora lo están haciendo en el Ministerio de Salud (Minsa) y luego lo harán en el Instituto Nicaragüense del Seguridad Social (INSS).
Desmantelan feudos de Gustavo Porras
En el Mefcca, dicho desmantelamiento incluyó el despido de la ministra Justa Pérez Acuña, antigua colaboradora de la Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) que dirige Porras hace muchos años; aunque está pasó a trabajar directamente con Rosario Murillo, somo asesora de la vicepresidenta para temas de turnismo.
También despidieron a la directora de recursos humanos Josefa Pérez, hermana Domingo Pérez que dirige la Unión Nacional de Empleados (UNE) que pertenece al FNT. Junto a ella, según denuncias de los empleados, despidieron a trabajadores fantasma que Porras mantenía en ese ministerio desde que lo intervino en 2014 y dirigió de facto hasta 2017 cuando nombraron a Justa Pérez. Además, cerraron el Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo (Infocoop), que funcionaba como dependencia del Mefcca y despidieron a sus 23 trabajadores.
Según denuncias de trabajadores de la salud, ese desmantelamiento se está replicando en el Ministerio de Salud (Minsa) y luego ocurrirá en el INSS, ya Porras domina ambas instituciones a través de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud) que dirige desde 1984.
“El problema es que la mayoría de funcionarios que él coordina en la comisión social están involucrados en irregularidades financieras en el Minsa y en el INSS, por eso le están quitando poderes políticos pero lo van a mantener en la presidencia de la Asamblea Nacional”, asegura un trabajador del sector salud.
