La Prensa 23/08/2024
La dictadura Ortega Murillo podría estar en la “recta final” en su propósito de eliminar en su totalidad a las organizaciones sin fines de lucro inscritas en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior. Hasta este 22 de agosto, el régimen ha cancelado 5,308 organizaciones sin fines de lucro, incluyendo las 151 que eliminó este jueves, según un recuento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta agosto de 2023 y continuado por LA PRENSA hasta esta edición.
“Es una estocada final para anular el esquema de asociación en Nicaragua”, consideró el abogado y defensor de derechos humanos, Uriel Pineda.
El pasado lunes 19 de agosto, el régimen, a través del Ministerio del Interior, canceló 1,500 asociaciones y este jueves 22 de agosto canceló otras 151, vinculadas a sectores empresariales.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las observaciones del Estado de Nicaragua al proyecto de informe sobre migración de personas nicaragüenses a Costa Rica, el régimen Ortega Murillo señaló que en Nicaragua funcionaban 7,227 organizaciones sin fines de lucro. Es decir que con las últimas cancelaciones en el país solamente quedan 1,920 organizaciones que la dictadura no ha cancelado.
En la mayoría de los casos, el argumento del régimen para cancelar las organizaciones sin fines de lucro es que estas no presentan sus estados financieros o que están acéfalas, es decir, sin juntas directivas vigentes. En el acuerdo ministerial 38-2024 del 19 de agosto de 2024, a través del cual el régimen canceló 1,500 organizaciones, señala que estas no presentaron estados financieros entre 1 y 35 años.
Sin embargo, surge la duda de por qué las autoridades dejaron pasar tanto tiempo y es hasta ahora que toman medidas al respecto.
“Porque en la medida que va perdiendo respaldo y legitimidad desconfía de todo el mundo y quiere reservarse exclusivamente el derecho de proveer servicios para comprar conciencias, aunque no tenga capacidad”, señaló la activista Haydée Castillo.
La guerra del régimen contra la sociedad civil organizada
La cancelación de organizaciones sin fines de lucro comenzó en diciembre de 2018, meses después del estallido de la crisis sociopolítica. El 12 de diciembre de 2018, la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). En ese año también canceló otras nueve organizaciones, entre estas la Fundación Popol Nah, Instituto para el Desarrollo de la Democracia, Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Hagamos Democracia, Instituto de Liderazgo de Las Segovias, entre otras.
“En Nicaragua hay varios momentos represivos. El conflicto de Ortega con las ONG tiene que ver justamente con el inicio de la crisis sociopolítica en Nicaragua. Al desmontar la inconstitucionalidad democrática del país, recae el ejercicio de defensa de la democracia sobre las organizaciones de la sociedad civil”, afirmó Pineda.
En 2019, el régimen solo canceló dos organizaciones y en 2020 se abrió una nueva etapa represiva para la sociedad civil con la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que creó lineamientos más estrictos para las organizaciones que deberían reportar de manera más concreta lo relacionado con los fondos que recibían.
De esta forma, en 2022 el régimen canceló 3,093 organizaciones, siendo el año en que más cancelaciones se registraron. Esto se debió a que el régimen le entregó más potestades al Ministerio de Gobernación para cancelar las asociaciones.
A través de la aprobación de la Ley 115, el 31 de marzo de 2022 y reformada en agosto de ese mismo año, se otorgó la potestad al entonces Ministerio de Gobernación (hoy Ministerio del Interior) de cancelar organizaciones a través de acuerdos ministeriales, es decir, sin que pasen por la Asamblea Nacional.
Además, la información de la CIDH hasta agosto del año pasado detalla que entre 2018 y agosto del año pasado, el régimen canceló 322 organizaciones internacionales y de estas 146 son de origen estadounidense, seguida por 39 de origen español.
Dictadura busca control de todos los espacios cívicos
Por estas razones, la CIDH consideró en agosto de 2023 que el espacio cívico en Nicaragua está cerrado.
“En Nicaragua, el espacio cívico se encuentra cerrado. No existen condiciones para que la sociedad civil participe de la vida social y política libremente y prevalece una política de represión y persecución sistemática en contra de cualquier persona considerada opositora al Gobierno mediante la imposición de un Estado policial”, señaló la CIDH en su informe Cierre del espacio cívico, publicado en 2023.
A consideración de la activista Haydée Castillo, esto se debe a que el régimen Ortega Murillo, en su patrón totalitario, no permite que la sociedad civil se organice.
“Pero en el marco de una dictadura, una autocracia donde se vende la idea de un poder divino, al estilo feudal, donde los ciudadanos y la autonomía no existen, sino solo súbditos, es imposible que organizaciones serias, independientes, con principios y valores, y comprometidas con el desarrollo del país en su integralidad puedan aportar”, dijo Castillo.
Finalmente, el abogado Uriel Pineda consideró que la estocada final a las organizaciones de la sociedad civil responde a una nueva etapa represiva del régimen Ortega Murillo.
“Definitivamente se abre una nueva etapa en el país, donde no existe ninguna forma de asociación, que es un derecho humano. Además, es una expulsión indirecta de la cooperación internacional focalizada al desarrollo”, argumentó Pineda.
