La Prensa 21/10/2024
El abogado Yader Morazán confirmó la irregularidad de no identificar la ubicación exacta de las 35 propiedades de Managua que fueron expropiadas y declaradas de utilidad pública por la Procuraduría General de la República (PGR).
Morazán, quien trabajó tres años en un juzgado Local Civil antes de pasarse al área penal, explicó que al no identificar la ubicación exacta de las propiedades de Managua que fueron “expropiadas” la PGR dificulta el proceso de oposición, que es un derecho.
“El fin de la publicidad es que exista oposición, pero al no describir el bien, ¿quién se va a oponer?”, dijo el abogado.
La PGR es uno de los brazos represivos de la dictadura de Daniel Ortega, que ha sido clave en la confiscación de decenas de bienes y propiedades a los opositores políticos desterrados y desnacionalizados.
Las 35 propiedades fueron declaradas de utilidad pública bajo el argumento de que son sitios “abandonados” de Managua, según el Acuerdo Administrativo 38-2024 de la PGR, publicado el miércoles 16 de octubre en el diario oficial La Gaceta.
Cada una aparece identificada con el Número Absoluto de Propiedad (NAP) en la publicación oficial, sin embargo, no aparece el detalle de dónde están ubicadas, lo que para el abogado significa que son confiscaciones que quieren ocultar.
“Si no se realiza el procedimiento estipulado en la ley, no es declaración de utilidad pública, sino confiscación y esa está prohibida constitucionalmente”, dijo Morazán.
El abogado insistió en que identificar una propiedad con un número sistematizado de gestión y trámite interno no puede ser un medio de identificación de una propiedad.
“Todos los trámites procesales, administrativos e incluso judiciales, cuando presentás un caso se genera un número de expediente. Ese número de expediente tiene como fin identificar el caso, pero específicamente el expediente. En materia registral pasa lo mismo: existe Sicar (Sistema de Información Integrado de Catastro y Registro) que es un sistema automatizado del Registro, que identifica la causa de manera sistematizada, pero eso no es una descripción de una propiedad”, dijo el abogado.
Nuevas orientaciones al margen de la Ley
Otra fuente experta en el registro de la propiedad, que prefiere no ser identificada, explicó que las 35 propiedades expropiadas en Managua fueron identificadas con un “código procesal alfanumérico”, generado por un sistema interno, algo que es nuevo y de reciente orientación a través de manuales, circulares y normativas internas.
La fuente explicó que este nuevo procedimiento, de identificar las propiedades con un código, es violatorio a la Ley General de los Registros Públicos (Ley 698).
“La Ley 698 y su reglamento se mantienen vigentes y establecen que la identificación de una finca (propiedad) es con un número, no con un código”, manifestó.
Dictadura quiere borrar antecedentes de propiedades robadas a opositores
Esto coincide con las filtraciones a las que tuvo acceso LA PRENSA en agosto pasado, que expusieron la intencionalidad de la dictadura de Daniel Ortega de borrar los antecedentes de las propiedades robadas a opositores.
Tras haber pasado el control del Registro Público de la Propiedad a la Procuraduría General de la República, se emitieron nuevas normativas administrativas internas, que autorizan borrar los antecedentes de propiedades privadas, lo que un experto calificó de “blanqueo registral inmobiliario”.
Según los documentos filtrados a LA PRENSA, las nuevas disposiciones para los procedimientos del Registro de la Propiedad se dieron a conocer en mayo de 2024 de manera interna:
—”Se cancelarán de oficio o a petición de parte las anotaciones preventivas ordenadas judicialmente que tengan más de 10 años de estar inscritas”.
—”Se cancelarán de oficio o a petición de parte, los antecedentes registrales de las fincas inscritas por Títulos otorgados por el Estado, bajo el concepto de propiedad reformada evitando la doble inmatriculación, con el debido soporte de Catastro Físico”.
—”Se cancelarán de manera oficiosa los antecedentes registrales de las cuentas que fueron afectadas por el otorgamiento de títulos de Reforma Agraria con fecha anterior o posterior a la entrada en vigencia a la Ley 88 de Protección a la propiedad agraria, artículo 3 que causan doble inmatriculación conforme informe técnico interinstitucional (Catastro-Registro) trabajados en la Comisión interinstitucional”.
—”Se podrá cancelar el asiento de la promesa de venta a solicitud del interesado legítimo si se solicita a los dos años posteriores al vencimiento del plazo del contrato adjuntando constancia de Ordice/OAP, que no hay causa abierta exigiendo el cumplimiento de la obligación”.
PGR juez y parte
El abogado Morazán también hizo notar que esto ocurre un año después de que el Registro Público de la Propiedad pasó a manos de la Procuraduría General, tras habérselo quitado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), algo que convirtió al Estado en juez y parte en los procesos de expropiación de las propiedades privadas, como también lo advirtieron en su momento otros críticos cuando se concretó ese traspaso.
Los últimos seis años, la dictadura Ortega Murillo ha confiscado cientos de propiedades a sus adversarios políticos, entre las que hay casas, oficinas de medios de comunicación, empresas, negocios, entre otros. Algunas de estas han sido convertidas oficialmente en centros de salud o centros educativos. Otras propiedades confiscadas están funcionando como negocios.