La Prensa 04/04/2025
ras conocerse que la administración Trump le impuso a los productos que Nicaragua exporta a Estados Unidos casi el doble de los aranceles del 10 por ciento que estableció a los otros cinco países que integran el DR-Cafta, se consideró que para evitar el daño que provocarán a la economía, se deben eliminar las tasas que pagan los productos estadounidenses para entrar al mercado nicaragüense. Sin embargo, los señalamientos para determinar el arancel, van más allá del cobro e incluyen denuncias de prácticas corruptas de las autoridades fiscales y aduaneras que afectan a los productos extranjeros.
Las denuncias incluyen el cálculo del cobro de aranceles a los productos extranjeros basados en precios superiores a los reales, negativa de devolución de impuestos corporativos, cobros de aranceles y multas arbitrarias que a veces superan el valor de la importación, inspecciones aduaneras adicionales basadas en consideraciones políticas, indagaciones arbitrarias sobre las reglas de origen, negativa de otorgar el trato preferencial que otorga el DR-Cafta, la ausencia de Estado de derechos que propicia la corrupción y otras que afectan a los productos y empresarios estadounidenses que realzan negocios en Nicaragua.
Según reportes del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), durante el 2024 Nicaragua trajo del exterior 9,199.20 millones de dólares en productos. De ese monto, 2, 760.50 millones se compraron en Estados Unidos
Mientras tanto, el régimen Ortega Murillo anunció que reunieron a sus equipos económicos para «analizar» con los distintos sectores productivos y exportadores, el alcance de la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Obligaciones de Nicaragua con el DR-Cafta
«Hemos conocido sus decisiones, sus anuncios y por supuesto que también, como todos los gobiernos del mundo hemos procedido a reunir a los equipos económicos y analizar el alcance de sus anuncios, de sus decisiones,. Alcance que también es compartido o será compartido desde su información y análisis, más bien que está siendo compartido con los distintos sectores productivos y exportadores de nuestro país», dijo la vocera oficial Rosario Murillo, el jueves 3 de abril durante su habitual comunicación telefónica con los medios oficialistas.
A diferencia de lo que ocurre con el resto de países donde el cobro de aranceles a los productos estadounidenses es el principal motivo, con Nicaragua hay otras quejas.
El Informe que la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), emitió para sustentar el arancel reciproco generalizado de 19 por ciento, que según la orden ejecutiva que firmó el presidente Trump el 2 de abril pagarán a partir del 9 de abril todos los productos que Nicaragua exporte al mercado estadounidense, detalla que entre otras cosas que Nicaragua es miembro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, conocido como DR-Cafta desde el 1 de abril de 2006.
En el marco de ese tratado, desde el 1 de enero de 2015 los productos no agrícolas estadounidenses ingresan a Nicaragua libres de aranceles; también, eliminó los aranceles sobre el arroz y los cuartos traseros de pollo el 1 de enero de 2023; los aranceles sobre los productos lácteos a partir del 1 de enero de 2025; y la eliminación gradual de aranceles para el maíz blanco concluyó el 1 de enero de 2025, mediante la ampliación de su contingente arancelario a 7,000 toneladas métricas.
Cobros ilegales de aranceles
Además, el DR-Cafta «exige a Nicaragua que ponga a disposición sus contingentes arancelarios el 1 de enero de cada año. Nicaragua supervisa sus contingentes arancelarios mediante un sistema de licencias de importación que Estados Unidos supervisa cuidadosamente para garantizar la emisión oportuna de estos permisos», dice parte del documento.
Sin embargo, Nicaragua aplica un impuesto al consumo de entre el 15 y 42 por ciento a ciertos artículos de lujo. Pero según la USTR, desde 2019 «las autoridades aduaneras nicaragüenses calculan este impuesto con base en un precio de compra estimado que a menudo supera el precio real o el valor justo de mercado de estos artículos, lo que reduce la competitividad de los productos importados en el mercado nicaragüense».
La USTR también menciona que otros productos, como las bebidas alcohólicas «también están gravados con base en un precio de compra estimado y que el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) puede perjudicar a los proveedores extranjeros, ya que las autoridades fiscales nicaragüenses gravan los productos nacionales con base en el precio real de compra», dice el documento.
Barreras no arancelarias en Nicaragua
Además señala que el Instituto Nacional de Información y Desarrollo (Inide), proporcionó una tabla de precios minoristas que se supone sirve como base para este impuesto, pero las empresas alegan que las autoridades aduaneras a menudo no la utilizan.
La USTR asegura que «algunas grandes empresas no pueden obtener reembolsos de impuestos corporativos cuando la suma de sus pagos mensuales estimados de impuestos excede el monto del impuesto real adeudado al final del año». Mientras que otras empresas han declarado que «solicitar un reembolso les genera complicaciones fiscales adicionales, como auditorías, impuestos adicionales y sanciones».
Con respecto a las barreras no arancelarias que Nicaragua le impone a los productos extranjeros que entran al país, la USTR señala que la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), cada día es más agresiva en la impugnación del valor agregado y el origen de las importaciones. Esto, muchas veces obliga a los importadores a pagar altas sumas en concepto de aranceles no pagados y multas para que la aduna libere los productos.
Abusos de la DGA
«Las empresas informan que los funcionarios de aduanas nicaragüenses retrasan sistemáticamente las inspecciones aduaneras e imponen multas arbitrarias por pequeños problemas de documentación, como errores tipográficos. Las multas a veces superan el valor de los envíos. Los exportadores estadounidenses informan que casi todos los envíos están sujetos a inspección física; y algunas empresas han expresado su preocupación por la posibilidad de que los funcionarios de aduanas sometan los envíos a un escrutinio adicional con base en consideraciones políticas», dice el documento.
La USTR también asegura que a partir de 2019, la DGA comenzó a solicitar pruebas adicionales del país de origen para diversos tipos de productos que previamente se habían establecido como originarios bajo el DR-Cafta y exige a los importadores que completaran un cuestionario exhaustivo para obtener información detallada sobre los productos y datos comerciales confidenciales y secretos no pertinentes para la determinación de la regla de origen.
«Las empresas han intentado proporcionar pruebas de origen a la DGA sin divulgar secretos comerciales mediante visitas a plantas de producción y entrevistas con el personal. Sin embargo, la DGA ha rechazado estas propuestas y en múltiples casos, cuando los importadores no completaron el cuestionario, inició procesos administrativos para eliminar el trato preferencial bajo el DR-Cafta y solicitó aranceles retroactivos para períodos completos durante los cuales el producto se importó con trato preferencial», detalla el documento.
Escrutinio excesivo de la DGA
Según la Oficina del Representante Comercial el excesivo escrutinio de la DGA sobre las pruebas de origen de las importaciones provoca retrasos en las aduanas y multas arbitrarias para las empresas, que en varios casos duplicaron el monto adeudado.
Incluso, según la institución en muchos casos la DGA ignora o rechaza la documentación de origen de varios productos proporcionada por el gobierno estadounidense o agencias gubernamentales de ese país, que las empresas presentan como prueba de origen para productos agrícolas. Incluso, en muchos casos, aunque las empresas completan los cuestionarios adicionales y cumplen las solicitudes de documentación adicional de la DGA, no reciben la aprobación para el trato preferencial.
En relación a las barreras técnicas al comercio la USTR menciona las barreras sanitarias y fitosanitarias. A Estados Unidos le preocupa la complejidad y arbitrariedad del registro de productos alimenticios en el Ministerio de Salud (Minsa), que exige un certificado de Libre Venta para registrar los productos, ya que Estados Unidos no emite estos certificados.
No hay respeto a la propiedad intelectual
«En algunos casos, las empresas estadounidenses han cumplido con el requisito presentando documentos emitidos por algunos Estados, autoridades gubernamentales locales u organizaciones comerciales. Sin embargo, no todos los fabricantes estadounidenses se encuentran en jurisdicciones o están afiliados a instituciones que emiten dichos documentos y, por lo tanto, algunos no pueden obtenerlos para vender en el mercado nicaragüense», explica la USTR.
«Los importadores nicaragüenses de productos estadounidenses se han quejado de que la ley impone costos a los importadores de alimentos, especialmente para productos que no suelen tener fecha de vencimiento. Los importadores nicaragüenses continúan trabajando con los proveedores para incluir las fechas de vencimiento en la etiqueta traducida al español, según lo exige el Reglamento Técnico Centroamericano sobre Etiquetado General de Productos Alimenticios Preenvasados», explica el documento.
Además, desde 2021 los exportadores estadounidenses han enfrentado múltiples rechazos de contenedores de productos como resultado de la interpretación nicaragüense del Reglamento Técnico Centroamericano para carne fresca/refrigerada/congelada (RTCA 67.04.50:17)… Esta aplicación arbitraria del reglamento ha provocado el rechazo de productos que al ser devueltos a Estados Unidos superan las inspecciones de seguridad alimentaria y entran sin problema a ese mercado.
De los aranceles a las contrataciones públicas
El documento también menciona los «obstáculos significativos» que inhiben la capacidad de los empresarios estadounidense «para competir con éxito en las ventas a las entidades del gobierno nicaragüense», ya que este no cumple con los requisitos de su ley de contratación. «Las empresas estadounidenses también informan que el estado de derecho es débil y existe corrupción, lo cual es particularmente evidente en la contratación pública».
Finalmente, la USTR sustentó la decisión de imponer un arancel superior en nueve puntos porcentuales en relación al que le impuso a los otros países miembros del DR-Cafta (Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y República Dominicana), también el los problemas en materia de protección de propiedad y observancia de la propiedad intelectual, por la piratería de discos ópticos y medios de radiodifusión, y el uso de software sin licencia en Nicaragua.
Además, recuerda que en diciembre de 2024 inicio una investigación bajo la Sección 301 sobre las acciones, políticas y prácticas de Nicaragua relacionadas con los derechos laborales, los derechos humanos y el Estado de derecho que podrían ser irrazonables y afectar el comercio estadounidense.
Nicaragua más vulnerable a los aranceles
El exreo político desterrado y actual profesor de la Universidad de Virginia, Félix Maradiaga, considera que es crucial subrayar que las condiciones políticas internas y el creciente aislamiento internacional del régimen Ortega Murillo agravan de forma significativa los efectos de esta medida.
«A diferencia de otras economías más diversificadas y resilientes, Nicaragua se encuentra en una posición de alta vulnerabilidad estructural. Su modelo económico depende en gran medida del acceso preferencial al mercado de Estados Unidos, que representa más del 60 por ciento de sus exportaciones totales. La imposición de este arancel, en ausencia de una política de apertura, inversión y fortalecimiento institucional por parte del Estado nicaragüense, tendrá efectos desproporcionados», señala Maradiaga.
Además, considera que «el sector de zonas francas –que concentra buena parte del empleo formal– sufrirá una contracción inmediata. Las consecuencias ya son visibles: en los últimos dos años, varias empresas internacionales han abandonado el país o han relocalizado operaciones, generando miles de despidos.
Concluye recordando que la narrativa del régimen que presenta a China y Rusia como alternativas estratégicas a Occidente ha resultado poco viable en términos económicos concretos. Los datos de comercio bilateral con esas potencias siguen siendo marginales, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) con China que entró en vigencia en 2024 no ha elevado las exportaciones, China sigue comprando alrededor del 1 por ciento de las exportaciones mientras Estados Unidos absorbe más del 60 por ciento de estas.
