La Prensa 05/09/2025
El incremento de la minería ilegal en Crucitas, Costa Rica, fronteriza con Nicaragua —principalmente impulsado por las recientes concesiones mineras en el sur de Nicaragua y la invasión de colonos en áreas protegidas del río San Juan— ha provocado un aumento de la inseguridad. Autoridades municipales de Costa Rica aseguran que esto ha generado la presencia de paramilitares, extracción ilegal de oro, contrabando e incluso tráfico de drogas.
Por esta razón, el Concejo Municipal de San Carlos, cantón de la provincia fronteriza de Alajuela, aprobó el pasado 1 de septiembre una moción solicitando declarar Estado de Emergencia por un plazo de 12 meses en los distritos de Cutris y Pocosol, colindantes con Nicaragua.
La moción, presentada el 25 de agosto por Juan Pablo Rodríguez, regidor suplente independiente de la Municipalidad de San Carlos, plantea un despliegue de fuerzas de seguridad costarricenses en la zona fronteriza y la atención de instituciones estatales.
Al mismo tiempo, señala que la invasión de estos territorios —valorada como una violación de la soberanía costarricense por parte de paramilitares «y fuerzas extranjeras»— ocasiona que los propios invasores demanden servicios de salud y educación.
Concesiones mineras empujan migración
La moción sustenta su solicitud en reportes periodísticos, la incidencia en las localidades y estudios de ambientalistas, como Amaru Ruiz.
Rodríguez dijo a LA PRENSA que la inseguridad en la zona ha aumentado, especialmente a raíz de cuatro concesiones que el régimen otorgó a empresas mineras chinas en el sur de Nicaragua, específicamente en zonas protegidas. Esto, según Rodríguez, ha provocado que los mineros artesanales asentados en esas áreas trasladen sus actividades a territorio costarricense ante el temor de ser desalojados por las autoridades nicaragüenses.
Grupos armados
Esta situación ha propiciado la llegada, incluso, de personas armadas, a las que la moción identifica como «paramilitares». En ese sentido, la moción advierte que han surgido economías paralelas amparadas bajo la «ley del más fuerte».
«La semana pasada ingresaron personas armadas a territorio costarricense y, a 300 metros de la escuela de Crucitas, un contingente policial se topó con un grupo que generó un intercambio de disparos. Esto ha ocurrido en otras ocasiones, elevando la violencia. Los coligalleros (mineros irregulares) han tenido enfrentamientos armados con las fuerzas del Ministerio de Seguridad», explicó Rodríguez, quien también expresó preocupación porque considera que el narcotráfico financia la explotación ilegal de oro.
Los efectos del incremento de la minería en Crucitas, por parte de mineros artesanales provenientes de Nicaragua, que cruzan a vista y paciencia del Ejército, ya son palpables, tal es el caso de los dos jóvenes nicaragüenses de 20 y 24 años que fallecieron dentro de uno de los túneles mineros.
Daños gravísimos si no se contiene
Según Rodríguez, si la problemática en Crucitas no se contiene en el corto plazo, los daños serán graves, ya que la extracción ilegal de oro podría extenderse a otros territorios.
«Entendemos que los hermanos nicaragüenses actúan por necesidad; nadie quiere vivir en esas condiciones ni dedicarse a actividades ilegales. Debemos buscar una solución diplomática que beneficie a ambas comunidades, nicaragüenses y costarricenses», aseguró Rodríguez.
Aunque la presencia de mineros artesanales provenientes de Nicaragua se registra desde 2017, es ahora cuando se evidencian daños por el incremento del fenómeno. Rodríguez menciona entre estos: afectaciones a los cuerpos de agua, excavaciones en lechos, ampliación de cursos, así como contaminación por sedimentos derivados del uso de sustancias peligrosas y altamente contaminantes, como cianuro, mercurio, soda cáustica, ácido nítrico y ácido muriático.
