100% Noticias 29/09/2025
El economista y excarcelado político Juan Sebastián Chamorro advirtió que Nicaragua atraviesa el peor momento para la inversión extranjera en décadas, según el informe Clima de Inversión 2025 publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Este documento, que consta de 12 capítulos, evalúa la situación económica, política y legal del país y describe un panorama alarmante para empresas e inversionistas internacionales.
Chamorro destacó que el informe evidencia cómo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha destruido la seguridad jurídica y ha colocado a Nicaragua en una situación de “riesgo extremo para la inversión extranjera directa (IED)”. El economista explicó que, aunque el reporte de 2024 ya presentaba datos negativos, la edición de 2025 profundiza en el deterioro de las condiciones para los negocios.
“Este informe manda un mensaje claro a los inversionistas: en Nicaragua ya no hay independencia judicial, y cualquier empresa extranjera se enfrentará a un sistema legal controlado por el régimen. Las reglas son arbitrarias y no existe garantía de un trato justo”, afirmó Chamorro.
Fin de la independencia judicial
El reporte señala como hecho clave la “nueva Constitución aprobada en enero de 2025”, que eliminó por completo la independencia del Poder Judicial, consolidando el control absoluto de la pareja Ortega-Murillo sobre todas las instituciones del Estado.
Según Chamorro, este cambio implica que cualquier disputa legal de una empresa extranjera será decidida políticamente, sin base en la ley, lo que incrementa el riesgo para nuevas inversiones.
El informe también denuncia la creación de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera (CNIE), encabezada por Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial y funcionario sancionado por Estados Unidos. Esta comisión tiene como objetivo vigilar, regular y controlar todos los proyectos de inversión extranjera, lo que, en la práctica, convierte cualquier inversión en un proceso bajo constante presión política y fiscal.
“Este mecanismo no solo centraliza el control económico, sino que crea un sistema de vigilancia absoluto sobre los inversionistas extranjeros”, advirtió Chamorro.
Inversiones tradicionales desplomadas, auge de capital chino
Otro hallazgo relevante del informe es la caída de la inversión extranjera proveniente de socios tradicionales como Estados Unidos y Europa.
En 2024, el flujo de IED se limitó principalmente a reinversiones de ganancias de empresas ya establecidas, sin nuevos capitales importantes. Paralelamente, el régimen ha otorgado beneficios y trato preferencial a capitales provenientes de China, que se han expandido rápidamente desde la firma del tratado de libre comercio en 2024.
Esta situación, según Chamorro, ha provocado que inversionistas tradicionales abandonen el país, dejando espacio a empresas chinas que operan bajo acuerdos opacos y con beneficios exclusivos, afectando la competitividad de los negocios locales.
Amenazan la privacidad empresarial
El informe también hace referencia a la Ley General de Telecomunicaciones, aprobada en octubre de 2024, que permite al régimen acceder a datos privados de empresas y ciudadanos, debilitando aún más la confianza de los inversionistas.
Chamorro advirtió que esta normativa “abre la puerta a la vigilancia masiva y a la confiscación de información estratégica de empresas extranjeras”.
Investigaciones internacionales en curso
Este proceso busca determinar si las políticas laborales y de derechos humanos en Nicaragua violan los acuerdos internacionales de comercio.
De confirmarse estas violaciones, Estados Unidos podría imponer sanciones comerciales que afectarían aún más a sectores como las zonas francas y el turismo.
El informe también documenta el “aumento de demandas de inversionistas ante cortes internacionales”, especialmente en Nueva York, por incumplimientos de Nicaragua a sus compromisos bajo el CAFTA-DR, lo que refleja un incremento de la conflictividad legal y comercial.
Chamorro subrayó que la reducción de inversión extranjera se traducirá en “menos empleos productivos y menor ingreso para las familias nicaragüenses”, en un contexto en el que el país ya enfrenta un déficit de 111,000 empleos formales respecto a 2017 y donde el salario mínimo promedio es muy inferior al costo de la canasta básica, calculada en 554 dólares mensuales.
Además, las zonas francas —tradicional motor de empleo en Nicaragua— han perdido 22 empresas desde 2018, muchas de las cuales se trasladaron a Honduras y otros países vecinos, lo que agrava la crisis laboral. Chamorro resalta que el informe 2025 del Departamento de Estado es un mensaje de alerta para la comunidad internacional.
“Este reporte lo leen inversionistas de todo el mundo. Su conclusión es clara: Nicaragua representa un altísimo riesgo. Mientras Ortega y Murillo mantengan este modelo autoritario y represivo, la inversión extranjera continuará cayendo, con efectos devastadores para la economía y la población”, dijo.
