La Prensa 06/08/2021
Este viernes 5 de agosto, el Senado de Estados Unidos en pleno aprobó el proyecto la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, conocida como Ley Renacer, que propone nuevas acciones para sancionar y presionar al gobierno autoritario de Daniel Ortega con el fin de que garantice elecciones libres y transparentes en Nicaragua. Además, exige revisar la participación de Nicaragua en el DR-Cafta.
Bob Menéndez, senador demócrata y presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, compartió en su cuenta de Twitter la aprobación y dijo que «el Senado aprobó mi Ley RENACER, dejando en claro que el juego de Daniel Ortega de encarcelar a todos los pre-candidatos de la oposición no funcionará. Su miedo a perder en las urnas no es excusa para desbaratar la democracia en Nicaragua».
Añadió que «no dejaré de pedir el fin de la persecución política, incluidos los esfuerzos para amordazar a líderes opositores como Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Nos solidarizamos contra la consolidación de una tercera dictadura de pacotilla en Latinoamérica».
Lo que falta para ser Ley
Una vez ya aprobada por el pleno del Senado, la iniciativa de Ley, según han explicado especialistas, sigue su camino dentro del Congreso de EE. UU., que igualmente tendrá que ser aprobada por el pleno de la Cámara de Representantes.
Posteriormente, si las dos votaciones de las cámaras —Cámara de Representantes y Senado—son «idénticas» con relación al contenido de la propuesta, se manda directamente a la oficina del presidente Joe Biden para que la firme y entre en vigencia.
En el caso de que no sean idénticas las votaciones, según los especialistas, se manda a una especie de comité entre los representantes del Senado —ambos partidos— y los de la Cámara baja.
Así ha avanzado el proyecto de Ley Renacer
El 25 de marzo, el senador Menéndez, junto a Marco Rubio (republicano por Florida), Tim Kaine (demócrata por Virginia) y el presidente del Subcomité de Asuntos Occidentales, así como los también demócratas Dick Durbin, Ben Cardin y Chris Murphy, introdujeron ante el Senado estadounidense el anteproyecto de Ley Renacer.
Posterior, el 30 de abril, el congresista Albio Sires, presidente del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional de Estados Unidos, junto a la congresista María Elvira Salazar fueron los encargados de presentar la Ley Renacer ante el Congreso norteamericano.
El 22 de junio, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, dirigido por el senador Menéndez, aprobó el proyecto de Ley Renacer con dos nuevas enmiendas, entre ellas la revisión de la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos.
Recientemente, el 28 de julio, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de Ley Renace. La discusión del proyecto de Ley Renacer fue el punto número cinco de la agenda del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE. UU, estaba identificada con el número de legislación HR. 2946.
¿Qué es la iniciativa de Ley Renacer?
La iniciativa de Ley Renacer se basa en el texto de H.R. 1918, la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción en Nicaragua de 2018, al exigir sanciones específicas para lograr avances en las elecciones previstas para noviembre de 2021; coordinar sanciones con Canadá y la Unión Europea.
Además reforzar las excepciones humanitarias y de derechos humanos para los préstamos de instituciones financieras internacionales; y ampliar los mecanismos de supervisión sobre los préstamos de las instituciones financieras internacionales.
Inicialmente este proyecto fue introducido por el senador Menéndez el pasado 25 de marzo, en el Senado estadounidense. Posteriormente, el 30 de abril, el Congreso de Estados Unidos recibió el proyecto presentado por el congresista Albio Sires, presidente del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional de Estados Unidos, junto a la congresista María Elvira Salazar.
Los alcances del proyecto de ley
Como uno de los principales alcance de la iniciativa de Ley Renacer está la implementación y extensión de sanciones económicas al círculo familiar de Ortega y Murillo, funcionarios de la Policía, Ejército de Nicaragua, Consejo Supremo Electoral, miembros y funcionarios del FSLN —incluyendo sus familias—, personas o entidades financieras aliadas, y personas señaladas de corrupción en Nicaragua. Además ampliar las restricciones y fiscalizaciones a préstamos de instituciones multilaterales hacia el país.
La iniciativa solicita coordinar sanciones internacionales con sus aliados diplomáticos como Canadá, la Unión Europea, gobiernos de América Latina y el Caribe, para incrementar las sanciones financieras a personas involucradas en violaciones de derechos humanos y la obstrucción de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua.
Asimismo, con la nueva enmienda el proyecto de Ley Renacer pide al poder ejecutivo estadounidense que revise la participación continua de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-Cafta). Y también, la aplicación de sanciones bajo la sección 231 de la ley estadounidense para contrarrestar a adversarios a través de sanciones (Caatsa, por sus siglas en inglés). De tal manera, que el presidente Biden «impondrá 5 o más de las sanciones descritas en la sección 235 de esa ley con respecto a cada transacción identificada de conformidad con la revisión».
A la vez, propone «mayor control de recursos para el régimen», a través de restricciones financieras internacionales al expandir la supervisión de los préstamos de instituciones multilaterales internacionales a Nicaragua, y reafirma las excepciones humanitarias.
Además promueve que Nicaragua sea agregada a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visas relacionadas con la corrupción. De la misma manera, requiere informes clasificados sobre la participación de familiares de Ortega y funcionarios del Gobierno de Nicaragua en la corrupción, así como sobre las actividades del gobierno ruso en Nicaragua.
También requiere informes sobre abusos a los derechos humanos y la persecución del régimen de Daniel Ortega a medios independientes en Nicaragua, cometidos por las fuerzas de seguridad nicaragüenses en el interior del país, desde que Ortega desató su represión.
